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Dallas, Tx.- Mientras el presidente Donald Trump está inmerso en una dura  batalla política con el Partido Demócrata y con miembros de su propio partido por cumplir su principal promesa migratoria, organizaciones de Dallas dieron a conocer datos sobre el número de solicitudes rechazadas para personas que buscan su Residencia Permanente (Green Card) u otro tipo de estatus migratorio en Estados Unidos.

Según un análisis de los nuevos datos del Departamento de Estado realizados por la Fundación Nacional para la Política Americana el número de inmigrantes en busca de su residencia que supuestamente se encontraron “no elegibles” aumentó en un 39 por ciento entre los años fiscales 2017 y 2018.

Por su parte el reporte también muestra como el número de denegaciones de permisos temporales, como las visas H-1B, también aumentó en un 5%, según Axios.

De acuerdo con el análisis, según grupos locales pro inmigrantes, el número de visas de estudiantes aprobadas disminuyó durante el año pasado, así como las visas para empresas y turismo espcialmente de ciudadanos de China, familiares inmediatos y novios.

De igual forma ha habido 4 veces más inmigrantes potenciales “inelegibles” según la regla de carga pública del Departamento de Estado, lo que impide que los solicitantes que se consideran dependientes de programas de redes de seguridad pública reciban visas. Una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional expandiría el uso de esta regla contra los inmigrantes.

SOLICITUDES

RECHAZADAS

El 60% de las solicitudes de H-1B completadas en el primer trimestre de este año fiscal se devolvieron por primera vez con “Solicitudes de evidencia”, en comparación con menos de la mitad en el mismo trimestre del año pasado, según datos del USCIS

No obstante los inmigrantes pueden tratar de demostrar su elegibilidad después de que su solicitud sea rechazada. Muchos lograron hacerlo con éxito el año pasado, pero significa que el proceso lleva mucho más tiempo.

Una vez más queda en evidencia como la administración de Trump está fortaleciendo el proceso son el fin de hacer más dificil y dispendioso la inmigración legal a los Estados Unidos.

REBELION

REPUBLICANA

Todo parece indicar que el propio partido del presidente Donald Trump le dio la espalda en relación a su declaratoria de emergencia nacional.

Varios senadores republicanos han anunciado ya su intención de votar contra la declaración de emergencia decretada por el magnate para financiar el muro fronterizo, con lo que se impondría el desafío del Congreso y forzaría al mandatario a usar su capacidad de veto.

“Debo votar según me dictan mis principios (…) Creo que el (el presidente) está equivocado, no en su política, sino en su búsqueda para expandir los poderes presidenciales por encima de sus límites constitucionales”, dijo Rand Paul, senador republicano, en su cuenta de Twitter.

En un artículo de opinión en la cadena conservadora Fox, Paul recordó también cómo los republicanos rechazaron el uso del poder ejecutivo por parte del expresidente Barack Obama, y subrayó que “la única manera de ser un honesto funcionario es defender los mismos principios sin tener en cuenta quién esté en el poder”.

Con este rechazo, la propuesta legislativa de bloqueo a la declaración de emergencia nacional emitida por Trump en febrero para reconducir fondos para la construcción de su controvertido muro con México lograría los 51 votos necesarios para imponerse.

Se espera que la votación se lleve a cabo en las próximas dos semanas.

Los 47 senadores demócratas del Senado ya han asegurado que votarán para bloquear la medida y a ellos se han sumado cuatro republicanos: Susan Collins, Thom Tillis, Lias Murkowski y, ahora, Paul.

Los republicanos cuentan con una leve mayoría en la cámara alta de 53 a 47.

La iniciativa necesitaba la mayoría simple en el Senado para salir adelante, lo que forzaría a Trump a hacer valer el veto presidencial, algo que ya ha prometido hacer “100 por 100”.

SENADO,

CLAVE

“Creo que lo que está claro en el Senado es que habrá suficientes votos para aprobar la resolución de desaprobación, que después será vetada por el presidente y después, con casi toda probabilidad, el veto será respaldado por el Congreso”, afirmó este lunes Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, en un acto en Kentucky.

Tras el veto presidencial, la medida volvería al Congreso, donde debería superar los dos tercios de los votos para salir adelante revocando el veto presidencial, lo que parece improbable por el momento.

Previamente, ya había sido aprobada en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, por 245 votos a favor y 182 en contra, con el respaldo incluido de 13 republicanos, pero también por debajo del umbral de los dos tercios.

Como consecuencia, se impondría la capacidad de veto presidencial, pero el bloqueo por parte de las cámaras del Congreso, incluida la que cuenta con mayoría republicana, supondría un inusual rechazo del legislativo a la Casa Blanca.

Trump decretó el pasado 15 de febrero el estado de emergencia nacional por una supuesta “invasión” de drogas y criminales en la frontera con México después de que el Congreso le negase sus pretensiones presupuestarias para la construcción del muro.

Bajo la emergencia nacional, Trump puede desviar los fondos de otras partidas presupuestarias ya autorizadas por el Congreso y dedicarlos a la promesa que le llevó a la Casa Blanca.

Las partidas ya aprobadas que la Casa Blanca pretende desviar son del Pentágono y del Departamento del Tesoro y alcanzan los 6,600 millones de dólares.

Sumados a los 1,375 millones de dólares que el Congreso sí aprobó para el muro, Trump aspira a destinar cerca de 8.000 millones de dólares para la construcción de 376 kilómetros (234 millas) de muro en la extensa frontera sur.

Paralela a la batalla legislativa, los demócratas también han interpuesto una demanda ante la Justicia para suspender el desvío de fondos con el argumento de que supone un “desvío ilegal” de fondos del Congreso para algo que, a su entender, no representa una emergencia real.

El asunto probablemente acabe llegando al Tribunal Supremo, donde hay una mayoría de jueces conservadores, dos de ellos nombrados por el propio Trump.

Sindicatos presionan al Congreso para proteger a “dreamers” y beneficiarios de TPS

A FAVOR DEL

TPS Y DREAMERS

Una treintena de organizaciones sindicales exige al Congreso de los Estados Unidos aprobar reformas para proteger en forma definitiva a los “dreamers” y los beneficiarios del Estado de Protección Temporal (TPS).

La misiva de la coalición Familias Trabajadoras Unidas (Working Families United) está dirigida a los líderes de la mayoría en la Cámara y el Senado, los demócratas Nancy Pelosi y Charles Schumer, y de la minoría, los republicanos Kevin McCarthy y Mitch McConnell, respectivamente.

“Como organizaciones sindicales que representan a millones de trabajadores en los EU, los instamos a renovar las designaciones de Estado de Protección Temporal (TPS) y aprobar la legislación en la Cámara… lo antes posible, a más tardar los primeros 100 días del 116 ° Congreso”, señalan los peticionarios.

Agregan que debe protegerse de manera permanente a los llamados “tepesianos”, así como a los “dreamers”, que están bajo la Acción Diferida (DACA), a fin de que logren la ciudadanía estadunidense.

“Hay un gran número de titulares de TPS y dreamers en los Estados Unidos. Muchas de estas personas son miembros valiosos de nuestros sindicatos y de nuestra comunidad laboral”, dice la carta. “Trabajan en construcción, restaurantes y servicio de comidas, guarderías, supermercados, escuelas y muchos otras industrias en las que representamos a los trabajadores”.

Agregan que los inmigrantes son dueños de viviendas y padres de más de cientos de niños ciudadanos de los Estados Unidos, por lo que su deportación no sólo afectaría sus vidas personales, sino la economía del país.

“Los tribunales han actuado recientemente para proteger a los titulares de TPS y dreamers, pero esas protecciones son temporales”, alertan. “Debemos aprobar leyes para proporcionar protecciones permanentes a estos valiosos trabajadores”.

En respuesta a una demanda, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tuvo que ampliar el periodo del TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, lo que beneficia a más de 300,000 personas, pero el nuevo permiso –cuyas autorizaciones de empleo son automáticas– sólo es vigente hasta enero de 2020.

“Los trabajadores inmigrantes son la columna vertebral de la industria hotelera estadounidense, y los miles de trabajadores de Unite Here en TPS y DACA son miembros insustituibles de sus familias, comunidades y fuerzas laborales en todo el país”, destaca D. Taylor, presidente de Unite Here.

Mensajes similares fueron expuestos por Terry O’Sullivan, presidente LIUNA (un sindicado de construcción); James Boland, de Bricklayers (red de contratistas); Esther López, de UFCW (empresas de alimentos), y Ken Rigmaiden, de IUPAT (pintores).

“Para el movimiento obrero, estos programas (TPS y DACA) han sido vitales para asegurar que miles de personas trabajadoras tengan derechos en el trabajo y la libertad de negociar juntos por un salario justo y condiciones laborales”, destacó Richard Trumka, presidente de AFL-CIO (una federación laboral).

La coalición representa a más de 4 millones de empleados en los EU.