Restaurantes, ahora blanco de “la Migra”

Aumentan protestas contra Greyhound

por permitir redadas en sus autobuses

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Cientos de activistas continúan sumándose a la campaña que se lleva a cabo en las principales ciudades de la nación en contra de la empresa de transporte público Greyhound por permitir que agentes de ICE realicen redadas en sus autobuses.

La más reciente de estas manifestaciones de repudio contra la empresa se efectuó el pasado fin de semana frente a la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria de Nueva York.

“Estoy aquí porque Greyhound tiene la política de permitir que los agentes de ICE en los autobuses pasen y hostiguen a las personas y las saquen del autobús”, acusó Ann Shirazi en entrevista con PIX11 News.

Los manifestantes se instalaron en la Calle 42 y la Octava Avenida, pero luego marcharon hacia los puntos de venta de boletos de la empresa.

El portavoz de Greyhound, Crystal Booker, defendió su decisión de permitir a agentes migratorios revisar a pasajeros, debido a que son una empresa regulada y deben colaborar con autoridades federales.

“Como transportista regulado, Greyhound debe cumplir con las solicitudes de los agentes federales”, afirmó pero aseguró que la compañía no se coordina con los oficiales migratorios.

ALERTA

ACLU

Desde 2018, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha alertado de operativos de la Patrulla Fronteriza en autobuses de Greyhound, incluso en puertos más allá de las 100 millas permitidas a esos oficiales, pero esto continúa.

La organización volvió a lanzar una alerta sobre las revisiones a pasajeros de ese transporte con autorización de sus administradores. El objetivo es encontrar a inmigrantes indocumentados, para lo cual se pide a usuarios mostrar su identificación.

“En todo el país, las personas confían en Greyhound para ir a trabajar, visitar a la familia o simplemente viajar libremente, pero Greyhound ha estado permitiendo que la Patrulla Fronteriza aborde sus autobuses para interrogar y arrestar a los pasajeros sin una orden judicial o sospecha de irregularidades”, alertó ACLU.

Una de las prioridades la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es investigar la contratación de inmigrantes indocumentados, acción que realiza en colaboración con otras instituciones de los Estados Unidos, como la Administración de Seguro Social (SSA).

REDADAS

SILENCIOSAS

“Mientras continúa la represión de la administración del presidente Donald Trump contra la inmigración, los dueños de restaurantes tienen otro obstáculo que enfrentar: ¿despedir a trabajadores indocumentados y confiables en un mercado laboral apretado, o mantener a esos empleados y correr el riesgo de multas o enjuiciamiento penal?”, apunta el portal Eater, especializado en negocio de restaurantes.

El artículo destaca que propietarios de restaurantes y otros empleadores comenzaron a recibir en abril “cartas de no coincidencia” de la SSA, a fin de ubicar inconsistencia entre empleados y su número de seguro social. Esa discrepancia podría explicarse por errores tipográficos, errores de oficina, cambios de nombre o, comúnmente, una falta de estatus legal de inmigración, que es lo que interesa principalmente a ICE.

En julio pasado, el director de esa agencia Matthew Albence, reconoció que se realiza investigacion en más de 3,000 negocios, lo que abogados han descrito como “redadas silenciosas”, ya que no son operativos de agentes, pero son un inicio de una indagatoria que podría llevar a la detención de empleados y empleadores. Expertos destacan que este tipo de cartas habían sido suspendidas en 2012.

Eater destaca que muchos restaurantes que históricamente “se han construido sobre las espaldas de la mano de obra indocumentada”, ya debieron pasar el periodo límite para corregir los datos solicitados, lo que ha creado dos grupos visibles: empleadores que siguieron el proceso, despidieron a indocumentados y adoptaron protocolos de contratación más estrictos, como usar el programa federal E-Verify para verificar los documentos de las nuevas contrataciones; y aquellos que decidieron no hacer nada, porque no pueden permitirse perder empleados en un mercado laboral apretado.

“Podemos ver algunos restaurantes despidiendo a trabajadores indocumentados en masa, y otros ignorando las cartas de no coincidencia con riesgo de sanciones legales, en caso de una auditoría de ICE”, advierte el reporte.

ABANDONAN

SU TRABAJO

Aunque se indica que empleados indocumentados están abandonando sus trabajos, no hay datos precisos de cuántos lo han hecho.

“Temerosos de una posible redada de ICE, algunos empleados de restaurantes ya están abandonando sus lugares de trabajo por su propia cuenta”, según Eater, que retoma un artículo del Times, donde un restaurantero indicó que de sus 350 empleados, al menos una cuarta parte, es decir, alrededor de 87, tuvieron problemas de coinciencia.

“Agregó que está considerando despedir a los empleados que no pueden presentar documentación”, expuso.

Otro caso fue el de un restaurantero que recibió solicitud de información de prácticamente “todos los miembros del personal de su cocina”.

VICTIMAS

INOCENTES

El gobierno del presidente Donald Trump publicó en el Registro Federal estadunidense una nueva política que pretende la detención indefinida de familias migrantes con niños. La normativa actual, gracias al Acuerdo Flores, impide retener a los menores durante más de 20 días. La propuesta mantendría a todos los miembros de la familia privados de su libertad hasta que se resuelvan sus casos en los tribunales de inmigración.

El documento presentado resalta que “la nueva regla final modifica las regulaciones relacionadas con la captura, procesamiento, cuidado, custodia y liberación de menores extranjeros”. Según el mismo texto, el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de William Wilberforce de 2008 (TVPRA) “han alterado significativamente las autoridades legales” en esta materia.

Mientras el acuerdo Flores prohibe la detención prolongada de menores, TVPRA impide la deportación inmediata y exige que un juez sea el que decida el porvernir de esos niños en el país. Ambos beneficios, de acuerdo a Univisión, cuentan con el respaldo del Congreso y de los tribunales de justicia. Aún así, el gobierno ya anunció este martes su modificación en lo que respecta a la detención. El resto, aseguró la administración, permanecerá intacto.

El texto de la nueva regla final recoge que garantizará que “todos los menores extranjeros […] sean tratados con dignidad, respeto y especial preocupación por su vulnerabilidad particular como menores“. Sin embargo, las organizaciones que defienden a migrantes han expresado su preocupación por esta medida gubernamental, que vieron como un intento de Trump por tumbar el citado Acuerdo Flores de manera unilateral.

Desde la Asociación Estadunidense de Abogados de Inmigración (AILA), la presidenta Marketa Lindt alertó de que “la detención prolongada causa un daño profundo y bien documentado al bienestar físico y mental de los niños y las familias“. Además, AILA contradice al gobierno de Trump advirtiendo de que la medida “no actuará como efecto disuasorio“.

El director ejecutivo de la misma organización, Benjamín Johnson añadió que la regulación supondrá un gasto “de miles de millones de dólares de los contribuyentes en cárceles privadas, para encerrar familias y niños”. De acuerdo a Univisión, otras organizaciones de reconocido prestigio como la Asociación Estadunidense de Psicología (APA) o Human Rights Watch (HRW) también se han pronunciado en contra de la norma.

El documento estará 60 días expuesto a comentarios públicos que, según la administración, serán “considerados cuidadosamente”. Tras ese periodo, el gobierno puede o bien volver a redactarla para incluir los comentarios o bien publicarla como está.