Desmantela y reconstruye Trump el sistema migratorio, revela informe   

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- A partir del 2 de octubre, los trámites del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tendrán nuevos precios, la mayoría en alza y algunos pocos en reducción.

La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y justificada para que USCIS «recupere todos los costos de los servicios que ofrece».

A diferencia de otras agencias gubernamentales que dependen de un presupuesto federal, USCIS se auto financia en casi 97% con las tarifas que cobra, indicó el comunicado.

«Según requerido por la ley federal, USCIS llevó a cabo una exhaustiva revisión bianual de las tarifas y determinó que las precios actuales no recuperan los costos totales de proporcionar los servicios de adjudicación y naturalización. DHS ha ajustado las tarifas de USCIS en un aumento promedio ponderado de 20% para recuperar sus costos operacionales. Las tarifas actuales pudieran ocasionar una insuficiencia de fondos de cerca de $1 mil millones por año».

Las labores de USCIS incluyen «adjudicación de las peticiones de beneficios de inmigración, detección y disuasión de fraudes de inmigración, y la verificación exhaustiva de solicitantes, peticionarios y beneficiarios».

La nueva regla elimina ciertas exenciones de tarifas e incluye nuevos costos nominales para solicitantes de asilo.

También se promueve la presentación de formularios en línea, al proporcionar una rebaja de $10 dólares en la tarifa para aquellos solicitantes que así lo hagan, en vez del papeleo enviado por correo tradicional.

USCIS ajustó por última vez su estructura de tarifas en diciembre de 2016 con un aumento promedio ponderado de 21%. Este otoño será de 20%.

La lista de los cambios y una tabla completa de las tarifas finales deberá ser solicitadas a los abogados en inmigración o agencias reconocidas por esta oficina federal.

«USCIS está obligada a examinar los fondos entrantes y salientes y a hacer ajustes con base en ese análisis», comentó Joseph Edlow, subdirector de políticas de la agencia.

«Estos ajustes de tarifas, que estaban pendientes desde hace tiempo, son necesarios para administrar el sistema de inmigración legal de nuestra nación de manera eficiente y justa, asegurar el país y proteger a los estadunidenses», justificó Edlow.

CAMBIOS 

DE TRUMP 

En menos de cuatro años y mediante más de 400 decretos y cambios de reglas el gobierno del presidente Donald Trump ha «desmantelado y reconstruido» el sistema de inmigración de Estados Unidos, según un informe divulgado por el Instituto de Política Migratoria (MPI).

«Es poco probable que un gobierno futuro tenga la voluntad política y los recursos para deshacer todos estos cambios a un ritmo casi similar», señalaron las investigadoras Sarah Pierce y Jessica Bolter, autoras del estudio.

El informe de 126 páginas contiene una lista y descripción detallada de las medidas impuestas por el gobierno de Trump en materia de inmigración, incluidas la detención de indocumentados, las presiones sobre los tribunales de inmigración, y la acción policial en la frontera.

«Así, sin que importe si el péndulo oscila hacia políticas que favorezcan una revitalización de la inmigración, el restablecimiento de las protecciones humanitarias y una aplicación más precisa de las leyes, la presidencia de Trump tendrá efectos de larga duración sobre el sistema de inmigración mucho tiempo después de que termine su mandato», añadieron.

Trump marcó el tono de su enfoque sobre la inmigración desde el momento mismo que en 2015 anunció que buscaría la candidatura presidencial por el Partido Republicano, cuando calificó a los mexicanos como violadores y asesinos, y prometió que construiría un muro de 3,2000 kilómetros en la frontera sur de Estados Unidos para impedir la migración.

INHUMANAS 

MEDIDAS 

Varias de las medidas adoptadas por el gobierno de Trump fueron muy controvertidas y publicitadas como la veda al ingreso de extranjeros procedentes de países donde la mayoría de la población es musulmana, la cancelación del programa DACA, y la separación forzada de miles de niños traídos por sus padres y madres como indocumentados a EU, muchas de las cuales se han dirimido en tribunales.

Asimismo su gobierno ha buscado restringir el acceso de los inmigrantes indocumentados a beneficios como los cupones de alimentos y la asistencia médica, y ha enviado a la frontera efectivos militares para apoyar la captura y detención de los inmigrantes.

Desde 2019, el gobierno de Trump ha negado a decenas de miles de personas que llegaron solicitando asilo las audiencias que estipula la ley, y las ha devuelto a México o América Central donde deben aguardar la respuesta a sus trámites mientras permanecen en condiciones que los grupos de derechos humanos han calificado de peligrosas y deplorables.

Pero, más allá de las acciones más notorias, la Administración Trump ha modificado decenas de reglas y procedimientos para hacer más difícil los trámites de obtención de visas, restringir la educación de estudiantes extranjeros, y demorar la naturalización de inmigrantes legales que han solicitado la ciudadanía estadunidense.

«Después de prometer una de las agendas de inmigración más militantes, el presidente ha cumplido casi todo lo que prometió en la campaña, casi exclusivamente por decretos y ordenanzas ejecutivas, ignorando un Congreso con el cual había prometido que colaboraría para una reforma integral», señaló el informe.

«La llegada de la pandemia de COVID-19 durante el cuarto año de Trump en la Casa Blanca añadió potencia a muchos de estos esfuerzos», añadió. La pandemia «dio al gobierno, en nombre de la salud pública y la crisis económica, una oportunidad para completar algunos de los aspectos pendientes de su agenda, incluida la suspensión de visas a ciertas categorías de inmigrantes y visitantes».

FUTURO 

INCIERTO 

De cara al futuro, las investigadoras concluyeron que la reelección de Trump en los comicios del 3 de noviembre «probablemente será vista por muchos como una reafirmación de su agenda inmigratoria, que fue más crucial en su campaña de 2016 y durante su primer mandato que lo que ha sido para cualquier otro político estadunidense contemporáneo».

Y si los demócratas ganan la elección «el nuevo gobierno probablemente buscará deshacer muchas de las acciones de Trump en cuanto a la inmigración, tal como lo ha prometido el virtual candidato presidencial Joe Biden», pero «si bien es posible rescindir muchos de estos cambios otros no pueden desarticularse simplemente».

«Una terminación inmediata de las políticas de asilo del gobierno de Trump en la frontera sur podría invitar otra oleada de personas que pidan asilo, algo que los recursos del país y la opinión pública no están bien preparados para manejar», agregó.

«Y la mera rescisión de cada uno de los cientos de cambios catalogados en este informe requerirá una enorme inversión financiera, de recursos y de burocracia», reconoció el reporte.

DERROTA 

A TRUMP 

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) ganó una batalla contra el Gobierno del presidente Donald Trump, después de que autoridades laborales rechazaran el intento de la Administración de despojar a los magistrados de su derecho de sindicalizarse.

En su decisión la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA), una agencia independiente que regula las relaciones laborales entre el Gobierno federal y sus empleados, rechazó una petición del Departamento de Justicia (DOJ) hecha en agosto del año pasado para quitar la certificación a NAIJ.

DOJ argumentó que NAIJ no es un sindicato válido porque los jueces de inmigración son «gerentes» que no pueden formar sindicatos bajo el estatuto del Servicio Federal de Relaciones Laborales y de Administración. Citó una serie de «desarrollos legales y de hechos» que, según dice, han agregado peso administrativo a la autoridad de los jueces que no les permitiría sindicalizarse.

Varios congresistas demócratas habían urgido al Gobierno de Trump a poner fin a su solicitud. En una carta enviada en octubre pasado firmada por 80 demócratas, los legisladores subrayaban que los jueces de inmigración estaban clasificados como abogados del Gobierno al estar bajo el mando del DOJ, pese a servir en su capacidad judicial, lo que «los deja particularmente vulnerables a la presión política y al Poder Ejecutivo».

«NAIJ sirve como una voz independiente y crítica para los jueces de inmigración, quienes de otra manera enfrentan discrecionalidad y autoridad limitadas cuando deciden casos. Esta Administración ha hecho todo lo posible para limitar la independencia de los jueces de inmigración», advertía la misiva.

SINDICATO VS. 

GOBIERNO 

La pandemia del coronavirus habría aumentado las fricciones entre el sindicato y el Gobierno. En marzo pasado, la presidenta de NAIJ, Ashley Tabaddor, advirtió en una carta que el DOJ casi no ha ofrecido orientación y recursos para ayudar a los jueces y al personal a prepararse para el nuevo virus.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, NAIJ dijo: «Ganamos nuestra batalla para mantener nuestra unión por ahora». No obstante, advirtió que habrá «más batallas por delante».

El pasado 1 de julio el sindicato demandó al DOJ por una política que impone restricciones a los jueces que desean hablar o escribir en su capacidad personal sobre asuntos relevantes para su trabajo.

La demanda alega que las restricciones de discurso contra los jueces de inmigración equivalen a violaciones de la Primera y la Quinta Enmiendas de la Constitución y le pide al tribunal que imponga una orden judicial preliminar que bloquee la política.

La queja legal marca el último enfrentamiento entre la Administración Trump y la NAIJ, que representa aproximadamente 460 jueces de inmigración.

Las cortes de inmigración mantienen una gran acumulación de casos, situación agudizada por la pandemia de COVID-19.

Según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, a junio de 2020 había 1.2 millones de casos en espera de ser definidos en las cortes de inmigración.

RENUNCIA 

JEFE DE ICE 

El principal funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Matthew Albence, la agencia gubernamental de Estados Unidos encargada de las deportaciones de inmigrantes indocumentados, anunció su renuncia.

«Después de más de 25 años como oficial federal, estoy anunciando mi retiro del servicio», señaló Albence en un comunicado difundido por medios locales.

Albence se convirtió así en el quinto jefe de ICE en lo que va de mandato del presidente estadunidense, Donald Trump.

El principal funcionario de Inmigración y Control de Aduanas y subdirector de esa dependencia agregó que esta fue «una decisión excepcionalmente difícil de tomar» y que se prolongó «debido a la incertidumbre de una pandemia global y el papel esencial que ICE sigue desempeñando en la respuesta» del país.

La agencia no ha tenido ningún director confirmado por el Congreso desde que Trump llegó al poder en 2017: su primer jefe en funciones, Thomas Homan, fue nominado pero nunca logró que lo ratificaran, y el mandatario designó a Ron Vitiello para sustituirlo.

Albence reemplazó en el cargo a Vitiello, quien abandonó el cargo en abril del año pasado, después de que Trump revelara que había retirado su nominación para dirigir ICE.

Posteriormente, esa plaza fue asignada a Mark Morgan, quien luego se iría a liderar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con lo que Albence volvería a estar al frente de Inmigración y Control de Aduanas.

«Todos los días, contra pronósticos increíbles, politización constante y percepciones erróneas de la misión increíblemente crítica y compleja que realizan, los empleados de ICE siguen adelante con profesionalismo e integridad», puntualizó el funcionario saliente en su mensaje.

Sin precisar a partir de cuándo cesará sus funciones, indicó que trabajará con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las directivas de ICE «para garantizar una transición sin problemas».

Medios como The Washington Post y Político atribuyeron la salida del funcionario a las preocupaciones que despertó en la Administración de Trump después de que ordenara que se detuvieran ciertas acciones de ICE durante la pandemia y ante la posibilidad de que tomara medidas menos agresivas hacia los migrantes.