Temen migrantes aplicar por seguro de desempleo  

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Dallas, Tx.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) afirmó que se quedará sin dinero este verano y comenzará a aplicar un recargo del 10% a las tarifas de solicitudes.

La decisión fue confirmada por The Wall Street Journal, pero la semana pasada el periodista Hamed Aleaziz, de BuzzFeed, adelantó que un funcionario confirmó el plan y la crisis que enfrenta la agencia.

«Nos quedaremos sin recursos este verano y, sin una intervención congresista, estamos en riesgo de cubrir los salarios, así que debemos tomar acciones drásticas para mantener la agencia a flote», habría dicho un oficial migratorio a empleados de la agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

USCIS es una de las agencias del Gobierno federal que depende, en gran medida, de las tarifas por aplicaciones migratorias.

Desde hace dos años, la agencia ha buscado el incremento de tarifas, aunque su plan ha sido retrasado. A finales de 2019 presentó un proyecto que está en revisión tras recibir comentarios del público, el cual propone aumentos de más de 500 por ciento en algunos servicios, como la solicitud de «perdón» para viajar a otro país a realizar la entrevista para la Residencia Permanente.

En marzo, la agencia cerró sus oficinas, debido a la suspensión de trámites persona a persona, debido a la pandemia de coronavirus y será el 4 de junio cuando reabra.

USCIS solicitó al Congreso fondos adicionales por $1,200 millones de dólares, pero no ha obtenido respuesta.

SEGURO DE

DESEMPLEO

La respuesta es no, indican expertos, debido a que es un derecho adquirido que no es –o no debería ser– castigado por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) bajo la regla de carga pública.

Sin embargo, un reporte NPR indica que inmigrantes con Residencia Permanente se niegan aplicar por este beneficio, ya que temen que eso afecte sus procesos de renovación de «green card» o naturalización, incluso que afecte otros procesos de familiares a quienes patrocinan.

«En cuanto a la inmigración, simplemente no sé si me haría daño», dijo una de las personas identificada como Daphne en el reporte, para proteger su identidad.

Los expertos consultados reconocen que muchos inmigrantes tienen miedo a aprovechar este derecho, aunque no deberían.

«Muchos clientes que son elegibles para solicitar el desempleo simplemente tienen demasiado miedo de hacerlo», aseveeró la abogado de inmigración Tsui Yee.

La experta indica que los inmigrantes, quienes han tenido trabajo y han pagado impuestos, temen que esto se convierta en una «bandera roja» ante USCIS.

Un portavoz de esa agencia dijo a NPR que el seguro de desempleo es un «beneficio obtenido», el cual no está integrado en la revisión de carga pública.

Aunado a ello, el reporte recuerda que la renovación de la «green card» y el proceso de naturalización no están integrados en las evaluaciones de ese «castigo a inmigrantes» por el uso de ayudas sociales.

Los abogados reconocen que «la percepción» es un problema entre inmigrantes, pero no una realidad.

«La ley se ha vuelto tan compleja… Y luego… constantemente escuchas que no eres bienvenido», reconoció Allen Orr, ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Los expertos sugirieron a los inmigrantes con dudas sobre aplicar por el seguro de desempleo a consultar con un abogado, con asociaciones como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, donde hay asesoría gratuitas.

La mayoría de los inmigrantes con «green card» también recibieron la ayuda federal de $1,200 dólares, pero eso desató cuestionamientos si afectaría en su naturalización. Los expertos concluyeron que no.

TEMOR DE LOS

INMIGRANTES

Muchas personas han renunciado a la asistencia sanitaria por miedo a la norma.

Los inmigrantes en Estados Unidos temen que las ayudas lanzadas para paliar los efectos económicos y sanitarios del coronavirus les impida conseguir a posteriori mejoras en su estatus migratorio. La llamada norma de «carga pública» de la Administración Trump permite negar la residencia a los extranjeros que hayan recurrido a servicios públicos durante un periodo de tiempo determinado. Esta situación aleja a los afectados de solicitar la asistencia médica que necesiten, según un estudio divulgado.

En enero pasado el Tribunal Supremo dio su anuencia a la aplicación por parte del Gobierno de la norma de inmigración según la cual puede negarse la residencia legal permanente («tarjeta verde») a los inmigrantes que hayan usado, o se sospeche que puedan solicitar en el futuro, la asistencia pública en programas de salud, vivienda o alimentación.

«Aun antes de que la norma entrara en vigencia, las evidencias muestran que su propuesta aplicación produjo amplios efectos a nivel nacional por los cuales las familias inmigrantes, elegibles para esos servicios, evitaron inscribirse en programas de asistencia pública por temor a las consecuencias sobre su situación legal», señaló el informe preparado por el Instituto Urbano.

Este fenómeno «se ha tornado aun más alarmante durante la pandemia de COVID-19, en la cual muchas familias inmigrantes son vulnerables a agudas tribulaciones médicas y económicas», añadió.

Como resultado del anuncio de la aplicación de la norma, conocida como «carga pública» y antes de que entrara en vigencia, «más de uno de cada siete adultos en familias inmigrantes indicó que él o alguien en su familia evitó los programas gubernamentales que no operan con subsidios en efectivo».

Entre esos programas se cuentan el sistema de subsidio del cuidado de la salud para las personas de bajos recursos Medicaid, el programa de seguro de salud para niños (CHIP, en inglés), el programa de asistencia de alimentación suplementaria (SNAP) y los subsidios para la vivienda.

Entre 2018 y 2019 aumentó de 21.8 % a 31 % el efecto disuasorio entre los adultos de familias inmigrantes en las cuales al menos un miembro no era residente permanente; este es el grupo más propenso a ser afectado directamente por la norma durante el trámite futuro de sus solicitudes de «tarjeta verde».

PERDERAN

SU ASILO

Los inmigrantes bajo el programa «Permanecer en México» podrían enfrentar problemas con sus casos, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump emitiera instrucciones confusas.

Un reporte de Law360 indica que los peticionarios con citas programadas antes del 22 de junio primero fueron informados que debían llegar al puerto de entrada un mes después de su fecha original para recibir nueva fecha, generando confusión.

Ante la presión de abogados y activistas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció el desconcierto e indicó que las fechas originales fueron reprogramadas para un mes después, es decir, la cita en el documento es para audiencia, no para obtener una nueva fecha.

El portal aclara, por ejemplo, que si una persona con una fecha de audiencia –ahora cancelada por coronavirus— del 11 de junio deberá llegar a un puerto de entrada el 11 de julio.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) confirmó a Law360 las nuevas instrucciones, pero los defensores todavía temen que haya problemas.

«Definitivamente condujo a una confusión masiva, una vez más», dijo Taylor Levy, un abogado pro bono con sede en El Paso, Texas.

A los inmigrantes se les había pedido también viajar a México y recopilar más documentación sobre sus peticiones de asilo con la fecha reprogramada.

El reporte advierte que si los inmigrantes con fechas en junio llegan al puerto de entrada corren el riesgo de ser rechazados y obligados a un segundo viaje.

Ahora bien, los abogados indican que existe el riesgo de que un extranjero llegue en la fecha correcta, pero se le niegue la entrada por estar contagiado de coronavirus, entonces faltaría a la audiencia y eso complicaría su caso.

Los expertos temen que la confusión lleve a que decenas de aplicantes desistan en sus peticiones.