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Dallas, Tx.- Un juez federal dictaminó que el gobierno del presidente Donald Trump tiene la autoridad para aplicar la política de separación de familias de inmigrantes, la cual se intensificó en 2018.
El juez de Distrito, Dana Sabraw, consideró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementó la política que desató polémica a nivel mundial, en el marco de sus atribuciones para asegurar la frontera, reportó The Associated Press.
Sabraw ya había ordenado a la Administración Trump asegurar la reunión de familias separadas, pero su decisión no cuestiona el programa bajo los argumentos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de que se afectaba esos nucleos bajo acusaciones dudosas –como el delito de tráfico de personas– y acusaciones menores. No encontró evidencia de que el Gobierno estuviera abusando de su poder.
“Es una invitación que tiene un alcance potencialmente masivo, invade un área que está particularmente en el terreno del Poder Ejecutivo para asegurar la frontera de la nación”, consideró en su decisión de 26 páginas. “Va más allá de la certificación de clase de este tribunal y las órdenes judiciales preliminares, que se centraron en la práctica de la Administración de separar a las familias en la frontera con el propósito de disuadir la inmigración y no reunir a esas familias”.
Para ACLU y los inmigrantes afectados no todo fue negativo en la decisión, ya que el juez exige al Gobierno resolver cualquier duda sobre la paternidad con pruebas de ADN exprés, antes de separar a las familias.
Sabraw ha causado polémica, ya que en junio de 2018 ordenó detener la separación de familias bajo el programa “tolerancia cero”, además de exigir la reunión de 4,300 niños con sus padres.

“CARGA
PUBLICA”

La administración del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le permitan implementar la norma de “carga pública” con la que busca restringir beneficios migratorios a quienes han recibido asistencia pública.
La petición de emergencia presentada (ayer) martes por el Departamento de Justicia busca el apoyo de los magistrados para desbloquear la medida a nivel nacional debido a las demandas que han sido interpuestas en diferentes estados.
El recurso del gobierno ocurre a una semana de que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York confirmara el bloqueo impuesto a la norma mientras continúa los litigios.
La regla que Trump quiere imponer es para designar como “carga pública” a los inmigrantes que han obtenido beneficios públicos –cupones de alimentos, subsidios de vivienda o Medicaid– durante más de 12 meses en un período de tres años, lo cual sería un obstáculo para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) les otorgue la “green card”.
En agosto de 2019 el presidente Trump anunció que implementaría la nueva regla, pero en octubre un juez federal ordenó un bloqueo judicial para impedir su entrada en vigor al considerar que se trata de una política repugnante para rechazar a los inmigrantes.
Luego el gobierno federal apeló, pero los magistrados de Nueva York confirmaron el fallo de bloqueo para mantener sin efecto la regla en tanto no se resuelvan las demandas que argumentan que la designación de “carga pública” afectaría desproporcionalmente a inmigrantes de bajos ingresos y procedentes de Latinoamérica.
La Administración Trump ha recurrido reiteradamente a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, para levantar bloqueos judiciales a sus medidas saltándose el proceso de apelación tradicional, ya que en las cortes de circuito no ha tenido tanto éxito por jueces de ideología liberal.

COALICION DE
APOYO A ASILO

El 21 de enero terminará el plazo para que se comenten las nuevas reglas de peticiones que asilo, las cuales han preocupado a activistas y abogados.
De hecho, una coalición de más de 100 organizaciones presionan para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplíe el periodo que permita integrar comentarios justificados sobre las modificaciones.
A ese grupo se unió la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), que indica que la complejidad de la reforma requiere un análisis certero, ya que sus implicaciones no solamente son políticas, sino principalmente legales.
“Dada la complejidad de las cuestiones legales y políticas implicadas por esta regla, el amplio alcance de impacto en quienes buscan seguridad en los Estados Unidos y las posibles implicaciones para los Estados Unidos (es necesario) un plazo de 60 días para el período de comentarios, como mínimo”, indicaron los expertos.
Al inicio de la misiva se expone que la reglamentación propuesta, emitida el 19 de diciembre, y se dividió en tres secciones.
“La primera sección propone agregar siete nuevas barras a la elegibilidad para asilo al gobierno federal… con diferentes procesos y explicaciones de cómo el juez de inmigración determinar si un delito o conducta cae dentro de la nueva categoría definida”, apunta. “La segunda sección proporciona una prueba multifactorial para jueces de inmigración para determinar si un la condena o sentencia penal es válida con el propósito de determinar la elegibilidad de asilo”.
El tercer bloque “rescinde una disposición en las reglas actuales con respecto a la reconsideración de asilo discrecional”, es decir que los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tendrían más campo de acción.
Las razones que los abogados advierten son los periodos de descanso obligatorio que se cruzaron para revisar el proyecto y hacer los comentarios pertinentes.