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Aprueban a indocumentados recibir nueva ayuda económica

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Las parejas de indocumentados fueron aprobadas para recibir la ayuda de $600 y podrán reclamar también los $1,200 extras de la Ley CARES. Se estima que 80% de trabajadores esenciales son inmigrantes.

Pero deberán estar casados con ciudadanos o residentes legales  

 

Nota Novedades News  

 

Dallas, Tx.- Unos dos millones de estadunidenses casados con indocumentados recibirán la nueva ayuda económica de $600 dólares, más los $600 dólares por niño.

Aunado a ello, durante la presentación de sus impuestos 2020, podrán reclamar los $1,200 dólares de la Ley CARES, luego de una enmienda hecha en la reciente ley aprobada por el Congreso.

“Me abruma la alegría de saber que mi familia también cuenta y que no me están castigando simplemente por con quién me casé”, expresó Lily Guido, una ciudadana y enfermera estadunidense que vive en Santa Rosa, California, que será beneficiada.

La Coalición Americana de Inmigración Empresarial (ABIC, por sus siglas en inglés), lanzó una campaña para presionar a congresistas a que se hiciera una enmienda en la Ley CARES, la cual fue patrocinada por el senador Marco Rubio (Florida), pero fue hasta el reciente paquete de ayuda que se logró el apoyo para las parejas mixtas.

La experta Jackie Vimo, del National Immigration Law Center, señaló en un foro de ABIC que 1.75 millones de estadunidenses casados con indocumentados podrán ser beneficiados, además de 1.72 millones de niños nacidos en EU.

LO INHUMANO  

DE LA LEY  

Por otro lado, hay 3 millones de niños cuyos padres pagan impuestos con número ITIN que no serán beneficiados.

“No incluye cheques de estímulo para unos 3 millones de niños estadunidenses que tuvieron la desgracia de nacer de padres no ciudadanos que declararon impuestos utilizando números ITIN”, lamentó ABIC. “Esta exclusión les niega fondos cruciales de supervivencia”.

Familias con padres indocumentados tampoco recibirán este segundo cheque de estímulo

Se trata de más un millón de familias que tienen hijos estadunidenses, según abogado

El segundo cheque de estímulos (de $600 dólares) tampoco llegará a las familias de inmigrantes indocumentados que tienen hijos estadunidenses. Según el abogado Robert Friedman son más de un millón de unidades familiares que ya quedaron excluidas del pago directo de $1,200 dólares que contemplaba la Ley Cares. Los ciudadanos casados con un indocumentado sí recibirán la segunda ayuda y podrán solicitar también la primera de manera retroactiva.

El conjunto de ayudas económicas, que ascienden a 900,000 millones de dólares y que fue aprobado la semana pasada en el Congreso y que el presidente Donald Trump firmó en la noche del domingo, extiende la asistencia a las familias en las cuales el padre o la madre son ciudadanos estadunidenses o son inmigrantes con residencia legal permanente (tarjeta verde).

Sin embargo, Friedman señaló que más de un millón de familias cuyos hijos son ciudadanos estadunidenses seguirán sin asistencia porque ninguno de los progenitores tiene estatus migratorio legal en el país.

   

DISCRIMINACION  

A LOS NIÑOS  

 

Aunque es una mejora con respecto a las exclusiones de la legislación promulgada en marzo, que afectaron a unos cuatro millones de familias, el abogado lamentó que cientos de miles de estadunidenses se queden sin la ayuda para afrontar la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, que ha matado ya a cerca de 330,000 personas en los EU.

El Instituto de Abogacía y Protección Constitucional en el Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown, del cual Friedman es parte, presentó en mayo pasado dos querellas legales contra la exclusión de inmigrantes indocumentados en el paquete de estímulo económico aprobado en marzo por el Congreso (ley CARES).

“Una de las demandas se refería a familias en las cuales el padre o la madre eran inmigrantes indocumentados”, dijo Friedman a Efe.

Los demandantes calificaron esa exclusión como una negación “intencional y discriminatoria” de la ayuda a niños estadunidenses “sustentada solamente en el hecho de que uno de sus progenitores, o ambos, son inmigrantes indocumentados”.

“La otra se refería a la situación de menores de edad que son ciudadanos estadunidenses, pero cuyos padres (los dos) son inmigrantes indocumentados”, explicó Friedman.

Tras la promulgación del nuevo paquete de ayudas, el abogado cree “probable” que el tribunal deseche ahora la demanda referida a las parejas “mixtas” (en la cual uno de los integrantes es indocumentado), “en razón de que ya no es relevante”, dijo Friedman.

“En cuanto a la otra, nosotros presentamos nuestro argumento principal y el tribunal tendrá en enero la oportunidad de revisarlo”, agregó.

El anterior programa de estímulo económico para paliar el impacto de la pandemia incluyó cheques de $1,200 dólares remitidos a millones de personas en junio y julio pasado, préstamos para socorro de pequeñas empresas, acceso al cuidado de la salud y otros beneficios.

NUEVO  

PAQUETE  

Y el nuevo paquete de ayudas, que llega después de que millones de personas perdieran sus prestaciones por desempleo, incluye el envío de un pago único de $600 dólares a millones de contribuyentes para compensar los estragos de la pandemia, dinero que -lamentó Friedman- no recibirán aquellos estadunidenses cuyos padres no son ciudadanos o residentes legales.

Ni tampoco el subsidio al desempleo de $300 dólares semanales que forma parte de un estímulo que incluye 325,000 millones de ayuda a las empresas (275,000 millones de ellos para el pago de nóminas), 45,000 millones para los sistemas de transporte público, 82,000 millones para escuelas y miles de millones en cupones de comida, ayudas a arrendatarios y para la distribución de vacunas.

Los demócratas intentarán ampliar ese pago único de $600 a $2,000 dólares, después de que Trump criticase la pasada semana el plan al decir que se quedó corto en la cuantía de ese cheque de ayuda y exigiese al Capitolio que aumentase el estímulo hasta esos $2,000 dólares, al tiempo que recortaba otras partidas de gastos.

MAS  

AFECTACIONES  

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a tribunales menores descartar “por falta de jurisdicción” una demanda formulada contra la orden del presidente Donald Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados del censo, que se usa para asignar escaños en la Cámara de Representantes y la distribución de fondos federales.

En su dictamen, el máximo tribunal estadunidense señaló que “el caso es anulado” y lo remitió a las cortes del Distrito Norte de California y el Distrito de Maryland “con instrucciones de descartar por falta de jurisdicción”.

En un comunicado emitido en respuesta al dictamen, el fiscal general de California, Xavier Becerra, sostuvo que “el objetivo de un censo completo y preciso es asegurar que todas nuestras voces sean escuchadas y que nuestros estados obtengan su porción de recursos para proteger la salud y el bienestar de todas nuestras comunidades”.

“Seguimos comprometidos con el principio de que todos cuentan. Aquí en California, continuaremos defendiendo a cada persona que llame hogar a nuestro estado”, añadió.

El comunicado señaló que el dictamen sigue a una orden similar emitida por la Corte Suprema que desechó este mes de diciembre como “prematura” una demanda presentada en una corte de Nueva York contra el intento de Trump de excluir a los indocumentados de las cifras del Censo.

EL ATAQUE  

DE TRUMP  

En esa ocasión, los seis jueces conservadores de la Corte, incluidos los tres designados por Trump y confirmados por la mayoría republicana en el Senado, señalaron que no está claro a cuáles inmigrantes el Gobierno excluiría, y opinaron que la demanda iniciada contra la intención del mandatario por más de 20 estados está “repleta de contingencias y especulación que impiden una revisión judicial”.

Trump instruyó en julio al secretario de Comercio, Wilbur Ross, para que le presentara dos resultados del censo de este año, con uno de ellos excluyendo a los inmigrantes indocumentados. El presidente cree que algunos estados obtienen una representación mayor que la merecida debido al número de indocumentados que allí viven.

El censo se realiza en Estados Unidos, por mandato constitucional, cada 10 años y de sobre sus resultados se distribuyen la representación de los estados en el Congreso federal y el Colegio Electoral, y miles de millones de dólares en fondos federales para educación, salud, vivienda, infraestructura y programas de asistencia social.

La Constitución estipula que el censo debe contar a todas las personas que viven en el país, pero Trump, en un memorando emitido en julio y por primera vez en la historia de la república, se atribuyó autoridad para excluir a los inmigrantes indocumentados cuando llegue el momento de distribuir representaciones.

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