Elimina respaldo republicano en el Senado 

Nota Novedades News 

Dallas, Tx.- El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), explora la posibilidad de que alguna Reforma Migratoria que permita la ciudadanía para indocumentados pueba aprobarse bajo la regla de Reconciliación.

Esto ayudaría a su bancada a avanzar sin necesidad de convencer a 10 republicanos para obtener los 60 votos mínimos para una modificación de ese tipo.

“Él y los demócratas del Senado están explorando activamente qué es posible hacer en materia de inmigración a través de la (regla de) Reconciliación”, reportó The Hill citando a una fuente familiarizada con una reunión con el Caucus Hispano.

Al rendir su primer mensaje ante el Congreso, el presidente Joe Biden pidió aprobar una Reforma Migratoria o “al menos” permitir otorgar la ciudadanía a los “dreamers” y a los trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19.

En tanto, grupos de activistas no han bajado la guardia sobre la aprobación de una reforma bajo la regla de Reconciliación.

Un reciente impulso ocurre con la HR 1909 (en la Cámara de Representantes) o S. 747 (en el Senado), la Ley de Ciudadanía para Trabajadores Esenciales.

La decisión de incluir la propuesta en la discusión presupuestal para infraestructura y familias no depende de los demócratas, sino de la oficina parlamentaria, la cual evalúa si un proyecto de ese tipo es viable bajo la regla especial que no exija mayoría calificada.

APOYO AL 

PLAN B 

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), ha expresado su apertura al plan B.

“Creemos que podemos argumentar sobre los impactos presupuestarios de la inmigración en nuestro país y vamos a intentar hacerlo”, dijo la presidenta Pelosi en una llamada con los líderes de las islas del Pacífico asiático-estadunidenses en marzo.

Los demócratas podrían enfrentar problemas, luego de que el parlamentario indicara que el incremento salarial a $15 dólares la hora era inviable bajo la regla de Reconciliación.

Sin embargo, los activistas no bajan la guardia y presionan para buscar un modo de integrar las modificaciones.

“Estamos listos para que los líderes de la Casa Blanca y el Congreso tomen una acción audaz y decisiva al incluir un camino hacia la ciudadanía para trabajadores esenciales, trabajadores agrícolas, beneficiarios de DACA y TPS, y otros en el próximo paquete legislativo de infraestructura, a través de la Reconciliación si es necesario”, pide la National Partnership for New Americans.

Aunque pretenden que se otrogue la ciudadanía plena para los 11 millones de indocumentados, el proyecto Ley de Trabajadores Esenciales estima que serían beneficiados alrededor de cinco millones.

UNIFICACION 

FAMILIAR 

Esta semana, tras dos meses de trabajo, el Grupo de Trabajo creado para unificar a los niños separados de sus padres durante la administración de Donald Trump tendrán sus primeros resultados.

Así lo adelantó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien señaló que es el primer paso del trabajo de este equipo especial.

Según un reporte de The Washington Post, serán cuatro las familias a reunir esta semana, entre quienes se encuentra una madre de Honduras que verá nuevamente a su hijo.

“Hoy es sólo el comienzo. Estamos reuniendo al primer grupo de familias, vendrán muchas más y reconocemos la importancia de brindarles a estas familias la estabilidad y los recursos que necesitan para sanar”, reconoció el secretario Mayorkas en un comunicado.

En una entrevista en CBS News, el funcionario señaló que será un proceso difícil, debido a que los niños han crecido, dejaron de ser bebés o ahora son adolescentes.

“Son niños que tenían tres años al momento de la separación”, expresó. “Son adolescentes que han tenido que vivir sin sus padres durante sus años de formación… Nuestro equipo está dedicado a encontrar a cada familia y darles la oportunidad de reunirse y sanar”.

GRANDES 

LOGROS 

En febrero, la Administración Biden creó el grupo de trabajo para la reunificación de familias, el cual tiene como directora ejecutiva a Michelle Brané.

“El Grupo de Trabajo está en proceso de revisar casos adicionales para la reunificación en los próximos meses”, se adelantó. “El informe inicial… se debe entregar el 2 de junio de 2021 y proporcionará una actualización completa sobre el progreso”.

El equipo multidisciplinario e interinstitucional es liderado por el DHS en coordinación con los departamentos de Estado, Salud y Servicios Humanos y Justicia, recordó la autoridad.

Entre las acciones que los miembros del grupo realizan están establecer una base de datos completa de familias separadas, corregir inexactitudes en los archivos que se les proporcionaron y construir los procesos para encontrar a cada familia.

“(Se) están explorando opciones para la estabilidad legal a largo plazo para las familias reunificadas e identificando y recomendando políticas para evitar que se repitan estas separaciones crueles e innecesarias en el futuro”, dice el DHS.

Algunos reportes señalan que más de 2,000 familias fueron separadas, pero activistas indican que la cifra es de más de 5,000, lo que supondrá un serio reto para las autoridades, ya que la mayoría de los padres no están localizables.

BARCO 

MORTAL 

La Patrulla Fronteriza sospecha que la embarcación que se volcó en un área rocosa de Point Loma, en la costa de San Diego, se usaba para trasladar sin autorización a inmigrantes de México a Estados Unidos. El accidente provocó la muerte de al menos tres personas y envió a otras 27 al hospital, según informaron las autoridades.

“Todo indicio desde nuestra perspectiva es que era una embarcación de contrabando que se utilizaba para introducir ilegalmente a migrantes a Estados Unidos”, dijo el agente supervisor de la Patrulla Fronteriza, Jeffery Stephenson.

El jefe de los salvavidas, James Gartland, dijo que el accidente marítimo fue probablemente “uno de los mayores accidentes de barcos” que ha visto la región. “Es una tragedia”, añadió.

Los salvavidas de San Diego recibieron primero un reporte sobre un barco que parecía estar en problemas sobre las 10 de la mañana. La información que recibió la agencia era que el bote se dirigía a la costa con una persona a bordo, tal y como dijeron las autoridades.

Tanto los salvavidas como otras agencias llegaron al lugar minutos antes de las 10:30 de la mañana del sábado y pronto se dieron cuenta de que la dimensión del accidente era mayor que la esperada, tal y como dijo el teniente Rick Romero, del servicio de salvavidas de San Diego.

Más tarde se supo que se trataba de una embarcación conocida como panga baja de 40 pies que trasladaba a 30 personas. Esta información fue suficiente para que la Patrulla Fronteriza determinara que podría ser un bote de contrabando, aunque aún no se ha hecho pública información sobre edades, géneros y nacionalidades.

Las olas empujaron a siete personas entre las que se incluyen dos que se ahogaron, según el teniente. Los equipos de emergencia rescataron a una persona de un acantilado y otras 22 lograron llegar a la orilla por sí mismas.

“Había gente en el agua, ahogándose, siendo succionada por la corriente”, dijo Romero, según Associated Press.

Sin embargo, el número total de fallecidos aún no está clara. La Guardia Costera dijo en un comunicado que la cifra de víctimas mortales se había elevado a cuatro, pero la oficina del forense local enumeró tres. Entre ellas hay una mujer de 41 años, otra de 35 años y un hombre del que se desconoce la edad.

En total, 27 personas fueron trasladadas a hospitales en condiciones médicas muy diferentes. La mayoría de ellas caminaron hasta la ambulancia, tal y como explicó Romero.

La ruta por el Océano Pacífico se ha vuelto una alternativa para el tráfico de humanos y de drogas a Estados Unidos después de que la Administración Trump endureciera las condiciones para cruzar por tierra.

DEMANDA 

REPUBLICANA 

Una coalición de 13 estados, liderados por Arizona, pidió al Tribunal Supremo que intervenga en la batalla legal en torno a la regla de 2019 de “carga pública”, emitida durante la presidencia de Donald Trump y que la actual administración de Joe Biden ha abandonado.

“Si no hacemos cumplir esta regla, que ha existido de alguna forma durante más de 100 años, es posible que nuestros programas de asistencia de emergencia ya no estén allí cuando los estadunidenses más los necesiten”, señaló en una declaración el fiscal general de Arizona, el republicano Mark Brnovich.

La moción, que pide al Tribunal Supremo la revisión total del caso de la regla de “carga pública”, fue ingresada y a ella se unieron Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y West Virginia.

La regla de “carga pública” es una ley federal que prohíbe la inmigración de extranjeros que probablemente dependan de programas gubernamentales financiados por los contribuyentes.

El pedido se da luego de que el Tribunal Supremo rechazara los intentos de Texas y otros 13 estados para defender la regla de “carga pública” y luego de que instancias inferiores también rechazaran el intento de rescatar la medida.

La máxima corte, de mayoría conservadora, dijo entonces al grupo de estados liderados por el fiscal de Texas, Ken Paxton, que debían acudir a un tribunal inferior para hacer su solicitud.

“Después de que una corte de distrito tome en consideración esta moción, los estados pueden pedir que se reconsidere”, dijo el Supremo en su decisión, señalando que aún deben pasar también por una corte de apelaciones.

El máximo tribunal acordó meses atrás desestimar una demanda de impugnación pendiente a la regla de la llamada “carga pública” a solicitud del gobierno del presidente Joe Biden, que cambió de posición en el caso que había defendido la anterior Administración.

En la moción, Paxton aseguró que los contribuyentes de Texas pagan “cientos de millones de dólares” al año para atender a los inmigrantes indocumentados,.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó en ese momento que la regla de carga pública de 2019 “no estaba en consonancia con los valores de nuestra nación”.

La regla de “carga pública” de 2019 ponía en riesgo la residencia permanente (“green card”) para aquellos inmigrantes que hubieran recibido uno o más beneficios sociales como Medicaid durante más de 12 meses en un período de tres años.