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Apoyan dictamen contra Trump para otorgar asilo

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Dallas, Tx.- Líderes de la oposición demócrata y activistas cívicos y de la comunidad pro-inmigrante, incluidos de Dallas, aplaudieron el dictamen de un juez federal en San Francisco (California) que bloquea temporalmente las restricciones impuestas por la Administración Trump a solicitantes de asilo en la frontera sur. El juez federal, Jon Tigar, emitió un dictamen de 37 páginas que frena temporalmente las restricciones impuestas por la Administración Trump, que prohíben el acceso al asilo a inmigrantes que no ingresan a Estados Unidos por los puntos de entrada oficiales. En su dictamen, Tigar dejó en claro que solo el Congreso puede anular o modificar leyes, y que el “Acta de Inmigración y Naturalización” (INA) de 1965 establece que toda persona solicite asilo, sin importar su estatus migratorio o por donde entró a territorio estadunidense. El presidente Donald Trump “no puede reescribir las leyes de Inmigración para imponer una condición que el Congreso ha negado expresamente”, afirmó Tigar. El dictamen responde a una demanda entablada por la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU) el mismo día en que Trump firmó una proclamación para negar asilo a personas que no ingresen por los puntos de entrada al país, pensada para frenar el avance de una caravana de inmigrantes centroamericanos. La decisión de Tigar tiene alcance nacional y estará en vigor hasta el próximo 19 de diciembre, cuando el juez previsiblemente emita un segundo dictamen

CELEBRAN DICTAMEN Líderes demócratas y grupos cívicos, a los que se han sumado varios de Dallas, señalaron que la llamada “veda” a solicitantes de asilo, la mayoría centroamericanos, viola las leyes de EU y convenios internacionales. Lee Gelernt, el abogado de ACLU que presentó los argumentos ante Tigar, dijo que la “veda es ilegal, pondrá en peligro la vida de las personas, y suena las alarmas sobre el incumplimiento del presidente Trump sobre la separación de poderes”. “No existe justificación alguna para negar llanamente a la gente el derecho a solicitar asilo, y no podemos regresarla al peligro según cómo entraron. El Congreso ha sido claro sobre este punto durante décadas”, observó. Por su parte, Baher Azmy, director legal del Centro para Derechos Constitucionales (CC R), otro de los demandantes, dijo que el dictamen sirve de contrapeso al Ejecutivo, al recordarle que no puede anular una ley de un solo plumazo y de forma “arbitraria y discriminatoria”. Melissa Crow, abogada del Southern Poverty Law Center (SPLC), aseveró que el dictamen “es un paso crítico en contra de la guerra del presidente Trump hacia los solicitantes de asilo” y envía un mensaje de rechazo a la práctica de negar asilo a quienes de todas maneras están siguiendo las reglas. Benjamin Johnson, director ejecutivo de la Asociación de Abogados de Inmigración de EU (AILA), manifestó que la Administración no puede incumplir la separación de poderes cuando no le convienen, ni puede eliminar las protecciones establecidas por el Congreso para grupos vulnerables. Mientras, los congresistas demócratas, Jerrold Nadler, de Nueva York, y Zoe Lofgren, de California, afirmaron en un comunicado conjunto que “nadie, incluyendo el presidente, puede reescribir las leyes de inmigración de la nación por cuenta propia”. “En vez de estos esfuerzos ilegales y desacertados para eludir nuestras leyes, el presidente debe trabajar con el Congreso para lograr las necesarias reformas bipartidistas que nuestro sistema migratorio necesita”, subrayaron. Pero Katie Waldman y Steven Stafford, portavoces de los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, respecti- vamente, repitieron en un comunicado conjunto el argumento de la Administración de que el sistema de asilo “está maltrecho y está siendo abusado por decenas de miles de reclamos sin mérito cada año”. Agregaron que el Congreso le ha dado al presidente “amplia autoridad para limitar o incluso frenar el ingreso de extranjeros”, y que el asilo es un “beneficio discrecional” que la Administración otorga y solo si el solicitante reúne los requisitos. El comunicado indica que la Administración continuará defendiendo su “ejercicio legítimo y bien razonado” para responder a la crisis en la frontera sur, aunque no precisa si apelarán el dictamen de Tigar. La audiencia en el tribunal de San Francisco fue una de dos realizadas el pasado lunes ante sendas demandas entabladas por la ACLU) y otros grupos cívicos desde que la Administración impuso nuevas restricciones. La primera restricción, anunciada el pasado 9 de junio por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, niega el asilo a víctimas de violencia doméstica o violencia de las pandillas. El juez federal Emmet Sullivan realizó una vista en Washington, pero no emitió dictamen.

ALERTAN ABOGADOS Varios cambios en Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) afectan a diversos tipos de inmigrantes y de llamados no inmigrantes, en referencia a empleados extranjeros. Sin embargo, la firma de abogados Epstein Becker Green pone especial atención a tres de las medidas en un texto publicado en lexology.com.. 1. Condicionante para empleado extranjero.- El 19 de noviembre de 2018, un nuevo Formulario ETA 9035 o Solicitud de Condición Laboral para Trabajadores No Inmigrantes (“LCA”) se implementará en su totalidad. Ahora la autoridad pedirá a las empresas peticionarias de visas H-1B indicar “si un trabajador extranjero será colocado en un sitio de trabajo de un cliente o de un tercero y luego ingrese el nombre y la dirección legal de la empresa de ese cliente o de un tercero”, apuntan los expertos. La administración del presidente Donald Trump aplica nuevas condicionantes con base en la orden ejecutiva “Comprar estadunidense, contratar a estadunidenses”. 2. Advertencias sobre boletín de visas.- Los expertos indican que los cortes de fecha de prioridad para la mayoría de las categorías basadas en empleo avanzarán modestamente el próximo mes de acuerdo con el Boletín de Visas de diciembre de 2018 emitido por el Departamento de Estado (DOS, en inglés). Esos ajustes incluyen solicitudes de H-1B, así como los Ajustes de Estatus a través del Formulario I-485, es decir, que aplica para solicitud de familia- res, matrimonios o empleados. “Los empleados con solicitudes I-140 aprobadas y patrocinadas por sus empleadores pueden solicitar su solicitud de ajuste de estado I-485 si sus fechas de prioridad están en la lista del boletín“, señalan los abogados. 3. Segunda fase de nueva ‘política de deportación’.- El 19 de noviembre, USCIS comenzó la emisión de Notificaciones para Aparecer (NTA) ante las cortes migratorias, para las personas cuyas solicitudes se deniegan en las siguientes categorías: (i) solicitudes de refugio/asilo dentro de los Estados Unidos; (ii) Visas T para víctimas de trata de personas; (iii) U visas para víctimas de delitos y sus familiares; (iv) Amerasia, viuda (er) peticiones; (v) auto-peticiones bajo el Acta de Violencia contra la Mujer y peticiones especiales de Inmigrantes Juveniles; y (vi) el ajuste de las solicitudes de estado relacionadas con las peticiones anteriores. Los abogados sugieren a todos los inmigrantes que vayan a realizar procesos ante USCIS que consulten a un experto, que brinde asesoría personalizada. La segunda surgió de un nuevo reglamento interino de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, y una proclamación complementaria que firmó Trump al día siguiente, y que prohíbe el asilo a personas que no entren por los puntos de entrada oficiales.

DESCONFIANZA LATINA La mayoría expresa cierta comprensión, algunos incluso reconocen haberse visto en una situación similar, sin embargo, en general, la comunidad hispana que reside en la ciudad estadunidense de San Diego desconfía de los miles de migrantes que aguardan en México para cruzar la frontera. “Así como llegaron ellos llegué yo, a Tijuana, no más que yo llegué con mi pasaporte y tuve la suerte de que me encontré con una persona de aquí y en seis meses me arregló”, confesó a Efe Teresa Beltrán, quien vino a vivir a Estados Unidos sin nada hace 30 años y ahora regenta un pequeño puesto ambulante en el barrio de Logan. Este distrito es el auténtico corazón de la comunidad hispana que habita en San Diego, una ciudad de cerca de millón y medio de habitantes, de los que un 28.8% son de origen latino, según datos del último censo nacional, realizado en 2010.

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