Amplia a migrantes el tiempo para trámites

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Por 60 días en caso de vencimiento: USCIS 

Nota Novedades News 

 

Dallas, Tx.- Las personas que hayan recibido notificaciones para enviar información adicional de sus casos sobre diversas visas, residencia permanente o naturalización podrán responder a la oficina migratoria después de que expire la carta que recibieron.

Autoridades de esa dependencia federal pidieron a los tramitantes de un beneficio migratorio que ante tal aplazamiento es importante consultar con un abogado para evitar complicar sus casos.

Por tercera ocasión, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) amplió la flexibilidad para que los inmigrantes con procesos abiertos puedan enviar requerimientos solicitados, a fin de reforzar sus peticiones de “green card” o ciudadanía, entre otras protecciones.

El 30 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19, el entonces gobierno de Donald Trump implementó una ampliación de 60 días, la cual fue extendida por la Administración de Joe Biden en dos ocasiones.

La más reciente permite a las personas enviar sus documentos adicionales hasta 60 días después de la fecha de vencimiento de la solicitud de la agencia y, en algunos casos, hasta el 15 de enero de 2022.

“USCIS considerará una respuesta a las solicitudes y notificaciones anteriores recibidas dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha de vencimiento de la respuesta establecida en la solicitud o notificación”, indica la agencia.

Esto ofrece una ventana favorable a los inmigrantes, pues los oficiales de USCIS no tomará acciones sobre el caso en ese periodo.

Esa oficina agrega que considerará el Formulario N-336 (audiencia para la ciudadanía) o Formulario I-290B recibidos hasta 60 días calendario a partir de la fecha de la decisión de USCIS, antes de tomar cualquier medida.

LOS 

BENEFICIADOS 

La agencia especifica que los inmigrantes que recibieron algunos de los siguientes documentos pueden contemplar 60 días calendario adicionales para responder, esto sobre la fecha de vencimiento de la petición.

Por ejemplo, si el documento de una persona tiene como fecha de vencimiento el 4 de octubre, ese inmigrante tiene 60 días adicionales para responder a:

  • Solicitudes de pruebas 
  • Continuaciones para solicitar evidencia (N-14) 
  • Avisos de intención de negar 
  • Avisos de intención de revocación 
  • Avisos de intención de rescindir 
  • Mociones para reabrir un N-400 de conformidad con 8 CFR 335.5, Recepción de información despectiva después de la concesión 

    La agencia considerará un Formulario I-290B o Aviso de Apelación o Moción, o el Formulario N-336, Solicitud de Audiencia sobre una Decisión en Procedimientos de Naturalización, si se presentó hasta 60 días calendario a partir de la emisión de una decisión de oficiales.

    “Tomamos esa decisión en cualquier momento desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 15 de enero de 2022”, especifica la agencia.

    Se sugiere a inmigrantes solicitar asesoría legal antes de enviar cualquier documento a USCIS, a fin de evitar complicaciones en sus casos.

    NUEVO 

    RECHAZO 

    Voces de protesta y descontento de defensores de los inmigrantes se escucharon nuevamente en Estados Unidos, tras el segundo rechazo de la “árbitro” del Senado al plan migratorio de los demócratas, que bloqueó el camino a la legalización y ciudadanía de millones.

    Las manifestaciones de rechazo a lo que está pasando en el Senado con un plan de reforma migratoria se dieron en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Washington, donde decenas se agolparon para expresar su frustración y exigir a los líderes demócratas y al gobierno del presidente Joe Biden que cumplan sus promesas de campaña.

    “Estamos en un desconcierto total sobre lo que está pasando en Washington”, dijo Salvador Sanabria, director de la organización El Rescate, basada en Los Ángeles. Agregó que la comunidad inmigrante está muy enojada.

    Sanabria se refirió a la decisión tomada por Elizabeth MacDonough, la encargada de interpretar el reglamento del Senado de Estados Unidos, que por segunda vez determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan social de $3.5 billones de dólares que quieren aprobar en solitario, a través de un mecanismo llamado “reconciliación”.

    Tras un primer rechazo, los demócratas habían prometido usar “un plan B” y echaron mano de la “Ley de Registro”, una norma de 1929 que en cuatro ocasiones ha permitido que indocumentados accedan a la residencia permanente.

    La última vez fue en 1986 bajo el gobierno del presidente republicano Ronald Reagan, cuando se determinó que podrían ampararse bajo esta ley todos aquellos inmigrantes que hubieran llegado a EU antes de 1972.

    Esta vez, los demócratas proponían cambiar la fecha a 2010, lo que habría permitido regularizar a 6.7 millones de indocumentados, según la organización FWD.us.

    Pero MacDonough determinó que la propuesta no cumple con los requisitos para ser incluida en el plan de gasto, dándole un gran golpe a la promesa de una reforma migratoria que abarque a millones.

    CRITICAS 

    AL “ARBITRO” 

    Angélica Salas, directora la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo en un comunicado que los argumentos de MacDonough siguen siendo “especulativos y políticos”. Salas subrayó que los demócratas en el Congreso están a cargo y MacDonough “no es una funcionaria elegida ni puede tener la última palabra”.

    La frustración llevó a activistas en San Francisco a bloquear el famoso puente Golden Gate. La acción, convocada por Bay Area Coalition for Economic Justice y Citizenship for All, mantuvo el tránsito de esta importante vía bloqueado por cerca de una hora.

    La Patrulla de Caminos de California remolcó varios autos e hizo cinco arrestos.

    En Los Ángeles, los manifestantes se concentraron en las oficinas de la senadora Diane Feinstein, donde representantes de más de 20 organizaciones e inmigrantes indocumentados se hicieron presentes para pedir a los líderes demócratas de la Cámara Alta que “no escuchen la opinión de MacDonough y en su lugar apoyen las contribuciones de los inmigrantes”.

    Un llamado similar se llevó a cabo en Washington DC, donde un grupo de activistas llegó frente al Capitolio. Las congresistas Cori Bush y Alexandría Ocasio-Cortez se hicieron presentes en la acción convocada por United We Dream Action. También se registraron acciones en Chicago para presionar a los demócratas. 

    El Congreso lleva 35 años sin aprobar una ley que permita a un gran grupo de inmigrantes acceder a la ciudadanía.

    La última vez fue en 1986, cuando el entonces presidente Reagan firmó una ley que permitió regularizar a tres millones de inmigrantes indocumentados.

    Al respecto, Salas enfatizó que los “demócratas, incluida la vicepresidente Kamala Harris y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, “deben hacer lo que puedan para cumplir con nuestras comunidades y cumplir su promesa”,

    BIDEN, BAJO 

    PRESION 

    El Gobierno del presidente Joe Biden enfrenta la presión de activistas y dentro de su propia administración por la aplicación del Título 42 para deportar en forma acelerada a inmigrantes, bajo el argumento de la pandemia de COVID-19.

    Esta regla fue implementada por el expresidente Donald Trump y duramente criticada por defensores de derechos humanos, civiles y de inmigrantes, al considerar que justificaba la expulsión “inhumana” de miles de personas, sin darles oportunidad a hacer una solicitud de asilo a Estados Unidos.

    Cuando arribó Biden a la Casa Blanca, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se había desistido de luchar en tribunales contra el Título 42, confiando en que el demócrata la dejaría de aplicar, pero el incremento de llegada de inmigrantes complicó el escenario para el Gobierno federal, que decidió mantener la regla.

    ACLU volvió a las cortes con una aguerrida defensa de la Administración Biden para mantener la regla, por lo que el 30 de septiembre la Corte de Apelaciones de Washington, D.C. ordenó mantener la regla con la que se ha expulsado en forma expedita a casi un millón de inmigrantes, según cifras de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hasta agosto, aunque el año fiscal 2021 termina en septiembre, por lo que se espera que ese número sea mayor.

    “Si la Administración Biden realmente quiere tratar a los solicitantes de asilo con humanidad debería poner fin a esta política ilegal ahora y retirar su apelación”, consideró Lee Gelernt, abogado de ACLU que lidera la demanda. “Seguiremos luchando para acabar con esta política ilegal”.

    Otras organizaciones civiles, como CASA o la coalición Families Belong Together han criticado la insistencia de Biden de mantener la regla.

    “Como hemos visto en los últimos días, nuestra maquinaria de aplicación de la ley de inmigración es especialmente dañina para las comunidades de inmigrantes afroamericanos, como los miles de inmigrantes haitianos”, expresó la organizaión CASA.

    Agregó que “el continuo cierre ilegal de la frontera bajo el pretexto del Título 42” complica la situación en la frontera.

    DEFENSA DE 

    MIGRANTES 

    El Título 42 fue confirmada como política necesaria contra la pandemia por los Centros de Control de Enfermedades (CDC), pero en una sorpresiva declaración que contradice la justificación de la Administración Biden para mantenerla provino de su principal asesor en la lucha contra COVID-19, el doctor Anthony Fauci, quien señaló que los inmigrantes no representan un factor que recrudezca la pandemia.

    “Esto no es impulsado por inmigrantes”, dijo Fauci en CNN. “Se trata de un problema en nuestro país, de la misma manera que es un problema con otros países en todo el mundo”.

    Aunque el doctor Fauci no hace una referencia directa a la expulsión expedita de los inmigrantes, señala que los contagios de coronavirus en el país son responsabilidad de los estadunidenses, donde recordó que han muerto 700,000 personas y hay millones de personas contagiadas.

    “Ciertamente, los inmigrantes pueden infectarse, pero no son la fuerza motriz de esto”, enfatizó. “Enfrentémonos a la realidad”.

    RENUNCIA 

    H. KOH 

    En medio de la polémica, Político informó sobre la renuncia de Harold Koh, un alto asesor del Departamento de Estado, al considerar que la Administración Biden utiliza en forma “ilegal” e “inhumana” el Título 42 contra inmigrantes.

    “Creo que la implementación actual del Título 42 por parte de esta Administración continúa violando nuestra obligación legal de no expulsar o devolver… a las personas que temen persecución, muerte o tortura, especialmente los migrantes que huyen de Haití”, dijo en un documento obtenido por el portal. “Claramente existen alternativas legales y más humanas”.

    Koh es un personaje con amplia experiencia en el Gobierno, pues fue asesor legal del Departamento de Estado entre 2009 y 2013 en el Gobierno del expresidente Barack Obama.

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