Agilizan reunificación de niños y sus familias

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Arrestan más de una docena de “coyotes” 

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Dallas, Tx.- El gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que permitirá acelerar la reunificación de menores no acompañados detenidos en la frontera y procesados bajo el Acuerdo Judicial Flores de 1997, según informó Univisión.

“El acuerdo establece un conjunto de presuntos plazos para que el gobierno programe citas de toma de huellas dactilares y complete el procesamiento de huellas dactilares para padres y patrocinadores que buscan reunirse con niños bajo custodia del gobierno”, informó la ACLU.

“Siete días hábiles para una cita y 10 días hábiles para el procesamiento” de las reunificaciones familiares, indica el acuerdo.

El organismo de derechos civiles informó que el procedimiento “se aplicará a todos los niños a nivel nacional bajo la custodia de la Oficina de Reunificación de Refugiados (ORR)”, oficina vinculada al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

“La agencia también deberá publicar periódicamente informes sobre su proceso y resultados durante este período, rastreando, por primera vez, cuánto tiempo lleva la toma de huellas dactilares en toda la agencia”, señala el documento.

El Acuerdo Judicial Flores de 1997 establecía que los niños no acompañados no pueden ser deportados y que un juez de inmigración sería el encargado de determinar su destino en Estados Unidos.

Bajo ninguna circunstancia, los menores debían ser privados de libertad más de 72 horas en instalaciones de la Patrulla Fronteriza y tenían que pasar bajo el resguardo del Departamento de Salud y Recursos Humanos y después remitidos a la Oficina de Reunificación de Refugiados.

El acuerdo anunciado por la ACLU canceló el programa secreto fijado en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump, dentro de su política de ‘tolerancia cero’ en asuntos migratorios.

ARRESTO DE 

“COYOTES” 

La fiscalía de Guatemala informó que capturó a más de una docena de “coyotes” en una inusual operación en la que también “cayeron” cuatro guatemaltecos que eran buscados por Estados Unidos y que habían sido solicitados en extradición.

Los cuatro coyotes están relacionados con la muerte de una inmigrante guatemalteca, Martha Raymundo Corio, que falleció en Texas en abril de 2021 después de haber sido traficada a través de México.

De acuerdo con la agencia AP, la Fiscalía lanzó la operación contra una supuesta red de traficantes de inmigrantes en cuatro provincias de Guatemala, incluida Huehuetenango, ubicada en la frontera de Guatemala con México, donde fue detenido el supuesto líder de la banda.

Hasta la mañana de ayer, las autoridades guatemaltecas indicaron que 19 personas habían sido detenidas en dicha operación.

La misma fuente indicó que la red habría participado en al menos 11 operaciones de tráfico de inmigrantes, aunque no mencionaron a cuántas personas habrían ayudado a cruzar a Estados Unidos. Se calcula que la banda ha tenido unos ingresos por unos dos millones de dólares.

La detención y extradición de los cuatro coyotes serían los primeros casos que son perseguidos por la muerte de un inmigrante en tierras estadunidenses.

El fiscal para crímenes contra inmigrantes de Guatemala, Stuardo Campo, indicó en entrevista con el medio antes mencionado que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con el operativo.

Por ahora se desconoce el nombre de los cuatro guatemaltecos que la justicia estadunidense estaba buscando y que muy pronto tendrá en su poder para que rindan cuentas por la muerte de su compatriota.

Este anuncio llega un mes después de que las autoridades de Texas hallaron un tráiler con más de 40 cuerpos sin vida hacinados, cifra que en cuestión de horas subió a 53, convirtiéndose en el acto más mortal de los últimos años.

“PILDORA 

VENENOSA” 

La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 está causando tensión entre demócratas en el Senado y el rechazo de casi 300 organizaciones civiles, las cuales exigen evitar el conjunto de enmiendas calificado como una “píldora venenosa” que afectaría a los inmigrantes y complicaría las peticiones de asilo.

El proyecto se ha convertido pronto en protagonista en el Congreso y podría recibir apoyo incluso de republicanos moderados, pero con ciertas condiciones.

De entrada, se requeriría que la restricción a la búsqueda de asilo se mantuviera, al mantener la operación del Título 42, mientras exista el estado federal de emergencia por COVID-19.

También se busca ampliar la seguridad en la frontera y evitar que ciertos inmigrantes reciban ayudas sociales, incluidos servicios médicos.

En una carta firmada por 286 organizaciones civiles se pide a los senadores en buscar opciones de alivio económico para los estadunidenses, pero sin promover una agenda antimigrante, acusando al Partido Republicano de impulsar dicha “píldora venenosa”.

“[La propuesta del Partido Republicano] terminaría con el asilo indefinidamente, atacaría a las comunidades de inmigrantes y ‘hundiría’ el plan de los demócratas para reducir los costos para las familias y luchar contra el cambio climático”, dicen las organizaciones.

El proyecto sería aprobado bajo el proceso de Reconciliación, el cual requiere votación de mayoría mínima, aunque los republicanos pueden hacer enmiendas, donde –dicen los activistas—integrarán su agenda contra inmigrantes.

DISTRACCION 

REPUBLICANA 

“Se espera que los republicanos en el Senado presenten numerosas enmiendas dirigidas a las comunidades de inmigrantes para distraer a los estadunidenses, ganar puntos políticos y descarrilar la aprobación de esta legislación fundamental”, advierten los defensores.

En la carta dirigida a los senadores se les pide “votar no” por las enmiendas sobre inmigración.

“Este proyecto de ley funciona para reducir el déficit, combatir la inflación, invertir tanto en energía como en el medio ambiente y reducir los costos de atención médica para los estadunidenses que trabajan”, indican las organizaciones en la misiva. “Los senadores deben concentrarse en brindar este alivio en lugar de promover una agenda antiinmigrante”.

Los grupos enlistan tres aspectos clave a ser bloqueados como enmiendas al proyecto de ley.

Título 42 

Se exige rechazar las enmiendas que buscan terminar con el asilo, al codificar (incluir en ley) y extender indefinidamente la política del Título 42, la cual permite la expulsión expedita de inmigrantes debido al COVID-19, lo cual violaría “el compromiso demócrata de proporcionar un sistema de asilo justo”.

“Esta política racista pone en peligro a los refugiados, viola el derecho de los inmigrantes a buscar asilo y refugio y acelera la violencia y la retórica contra los inmigrantes”, se advierte.

Bloquear ayudas sociales 

Las organizaciones también alertan sobre posible bloqueo para que las familias elegibles –con miembros inmigrantes– accedan a programas de salud indispensables, utilicen apoyos económicos o persigan sus objetivos educativos y laborales socava los objetivos de atención médica.

“Esto incluye aplicar cualquier doble rasero a los inmigrantes durante la pandemia en lo que respecta a los requisitos de vacunación o el acceso a las medidas de salud pública”, se advierte.

Persecución de inmigrantes 

Los defensores de inmigrantes advierten sobre planes de mayor militarización en la frontera y acciones de la aplicación de las leyes estatales y federales que deriven en la persecución de inmigrantes.

“Esto incluye fondos adicionales e innecesarios para la aplicación de la ley en el interior, la aplicación de la frontera y la detención”, se indica.

Rechazan imponer castigos financieros a estados que prioricen la seguridad pública y no orienten sus recursos en la persecución de inmigrantes.

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