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Acusan a ICE de mentir sobre migrantes detenidos

8 abril novedadesnews com broadsheet 2

No son criminales, sino inocentes: activistas

 

 

Dallas, Tx.-  La oficina Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha defendido sus redadas señalando que la mayoría de la gente que detiene tiene récord criminal.

Sin embargo, activistas han demostrado con diversos estudios que los inmigrantes son arrestados solamente por ser indocumentados.

En sus reportes tras operativos, la agencia integra como accciones criminales la falta administrativa a la ley de inmigración.

Un reciente estudio de la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) Universidad de Syracuse, en Nueva York, indica que el 61% de los inmigrantes en centros de detención nunca ha cumplido una condena, ni siquiera por un delito menor, datos que cobran relevancia en medio reclamos para que sean liberados ante el avance del coronavirus en Estados Unidos.

El reporte señala que en octubre de 2017 el número de detenidos de ICE con expediente criminal alcanzó su pico, con menos de 20,000, cifra que disminuyó constantemente a menos de 15,000 durante cada uno de los últimos cinco meses, entre noviembre de 2019 y marzo de este año.

El estudio de los datos del ICE realizado mostró que incluso entre los inmigrantes detenidos que tienen una condena, pocas son por lo que ICE califica como delitos graves, donde se cree que las personas representan una amenaza para la seguridad pública.

Solo uno de cada diez (10.7%) detenidos, menos de 6,000 en todo el país, tienen una condena grave, de un mínimo de cinco años, registrada a partir de julio de 2019, indicó TRAC.

 

IMPACTO

REPENTINO

 

El estudio también reveló que la proporción de detenidos con antecedentes penales varía ampliamente en la red nacional de centros de detención del ICE, como los centros de detención familiar, donde 100 % de los detenidos no tenían condenas.

En otros como los centros correccionales de los condados de Clinton, en Pensilvania, y de Wasco, en Oregón, casi todos los detenidos habían cumplido algún tipo de condena.

“A la luz de las preguntas sobre cómo manejar la detención durante la pandemia de coronavirus, estos hallazgos adquieren una nueva importancia”, indicó TRAC en un comunicado.

Advierte que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto repentino y profundo en casi todos los aspectos de la vida en este país y plantea importantes preguntas sobre cómo el ICE debería responder al riesgo para los no ciudadanos en los centros de detención.

Destaca que la agencia de inmigración no ha abordado directamente si usaría su facultad discrecional para liberar a los detenidos que no están sujetos a las pautas de detención obligatoria, o cómo lo haría.

Detenidos, sus familiares, activistas y abogados han reclamado al ICE con insistencia que libere a los inmigrantes bajo su custodia ante el peligro de contagio con el virus, luego de que algunos de sus empleados e inmigrantes arrojaran positivo a la prueba.

Incluso, algunos detenidos en centros del ICE en Nueva Jersey declararon una huelga de hambre hace una semana exigiendo ser liberados, ya sea bajo fianza o vigilancia electrónica, por temor al contagio.

 

 

PRESION

DE JUECES

 

TRAC recuerda que algunos jueces federales ya están comenzando a instar al ICE a liberar a los detenidos en riesgo.

Esta semana en Nueva York un juez ordenó la liberación del mexicano Gaspar Avendaño Hernández, que estaba recluido desde principios de febrero, cuando fue detenido en medio de un incidente en que un agente del ICE disparó en la cara al hijo de su novia.

El mexicano fue liberado el 1 de abril del centro de detención en el condado de Hudson, en Nueva Jersey, luego de que un grupo de defensores presentara una moción en la que expusieron que debido a su condición de salud era vulnerable al contagio.

En otro caso, un juez del mismo tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York ordenó que cada caso de un detenido del ICE en Nueva York fuera evaluado para determinar si representa un peligro para la comunidad o por el contrario puede ser dejado en libertad, luego de que la agencia pusiera alto a esa práctica para tomar una decisión, en 2017.

La agencia federal ha suspendido las visitas, incluso de los abogados, a sus centros, donde según los detenidos no cuentan con equipo sanitario para protegerse y además han denunciado la falta de higiene en las instalaciones lo que les expone más al contagio.

Miles de inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) perdieron su empleo, debido a la “confusión” generada por cambios en la comunicación del Gobierno sobre las extensiones de este programa, aseguró la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO).

Este órgano independiente que trabaja para el Congreso y que analiza los gastos y el funcionamiento del Gobierno federal revisó el proceso de TPS, que proporciona permiso temporal de trabajo y residencia a miles de extranjeros, en su mayoría centroamericanos.

La autorización de trabajo se mantiene mientras esté vigente el TPS, pero los documentos que lo prueban pueden caducar, y Gobierno no fue claro al notificar por carta a los afectados sobre las extensiones, según GAO.

 

TEPESIANOS

DESEMPLEADOS

 

La revisión de la GAO descubrió que no toda la orientación del DHS explica a los empleadores que las cartas son una prueba aceptable de autorización, lo que provocó que perdieran sus empleos.

EU ha otorgado TPS a ciudadanos extranjeros de 22 países desde que se estableció este programa en 1990 y actualmente protege a miles nacionales de El Salvador, Honduras y Nicaragua, entre otros.

“La guía publicada por la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no ha identificado consistentemente las notificaciones enviadas individualmente como un mecanismo que puede usarse, lo que genera confusión sobre la elegibilidad laboral de los beneficiarios y, según se informa, da como resultado la terminación del empleo de algunos beneficiarios”, destaca GAO.

En opinión de este organismo, una guía que identifique “claramente” los mecanismos utilizados para comunicar extensiones automáticas de documentos de autorización de empleo de TPS ayudaría a garantizar que los empleadores “comprendan y acepten” las pruebas que USCIS proporciona para la autorización de empleo, reduciendo así el riesgo de “terminación errónea del empleo de los beneficiarios”.

GAO indicó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende USCIS, recibió el informe y que coincidió en lo oportuno de la recomendación e indicó que tomará acciones al respecto.

Tradicionalmente USCIS comunicaba la extensión de la validez de los beneficios del TPS a través de avisos del Registro Federal, pero en cinco recientes renovaciones automáticas, la agencia federal optó por enviar cartas a miles de beneficiarios, pero el manual del empleador y la guía relacionada no lo hacen.

Como consecuencia de ello, hubo empleadores que optaron por cancelar la relación laboral con beneficiarios de TPS porque no desconocían la validez de las cartas como prueba de autorización de empleo.

El TPS ampara a extranjeros que abandonaron sus países como resultado de desastres naturales u otras emergencias.

De acuerdo con el DHS hay en el país más de 310,000 inmigrantes amparados por el TPS y los contingentes mayores son casi 200,000 salvadoreños, 57,000 hondureños y 46,000 haitianos.

En enero de 2019, el gobierno de Donald Trump anunció que daría por terminado el TPS para salvadoreños, hondureños y haitianos, pero en octubre de ese mismo año indicó que extendería el programa hasta enero de 2021, misma fecha que para los ciudadanos de Nicaragua, Nepal y Sudán.

 

LIBERAN

FONDOS

 

Un fondo de ayuda económica que se creó en el año 2017 para las familias inmigrantes que fueron desplazadas por los incendios forestales en California ha sido reactivado para asistir a los indocumentados que han quedado desempleados durante la pandemia del coronavirus.

Se trata del llamado 805 UndocuFund que ha empezado a recaudar recursos para apoyar financieramente a los trabajadores indocumentados de California, uno de los grupos de la comunidad más afectados por la pérdida de empleos que ha dejado la emergencia.

Estos trabajadores sin papeles, a quienes el gobierno sólo les concede un número de contribuyente ITIN para que paguen impuestos, pero no un número de Seguro Social, quedan desprotegidos del seguro de desempleo.

Tampoco recibirán el cheque de $1,200 dólares que el gobierno federal enviará a los contribuyentes como parte de un plan de estímulo fiscal para tratar de reanimar a una economía enferma de COVID-19.

Estos son los inmigrantes que pueden recibir cheque por desempleo debido al coronavirus

 

DEL FUEGO

AL VIRUS

 

El 805 UndocuFund es un colectivo de organizaciones comunitarias de los condados de Ventura y Santa Bárbara, en California, el cual se formó hace tres años tras la devastación que dejó el llamado Thomas Fire, el incendio forestal más grande en la historia del estado.

Y se creo porque al igual que hoy en día, en aquel entonces los inmigrantes indocumentados quedaron excluidos de los programas de asistencia del gobierno para las víctimas de desastres naturales.

El colectivo anunció que están en proceso de recaudar fondos y contratando personal para muy pronto empezar a recibir las solicitudes de ayuda.

“Sabemos que muchas familias afectadas se enfrentan a dificultades en este momento y esperamos apoyarlas lo antes posible. Gracias por su paciencia y comprensión”, refiere el sitio de internet de 805 UndocuFund.

Aunque los trabajadores indocumentados son considerados la columna vertebral de la economía en el sector de servicios y en la agricultura, no son elegibles para recibir ayuda de fondos federales y estatales en casos de desastre.

 

VALOR

MIGRANTE

 

En California se estima que hay 2 millones de trabajadores indocumentados, de los 11 millones que podría haber en el país, quienes ocupan la mayoría de los empleos en el sector de servicios, como hoteles y restaurantes, los cuales han tenido que cerrar o recortar su personal debido a la pandemia.

En el 2017, tras la devastación del Thomas Fire, 805 UndocuFund logró recabar más de $2 millones de dólares para ayudar a más de 1,600 familias de los condados de Ventura y Santa Bárbara que debido a su estatus migratorio no calificaban para los programas de asistencia de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

El fondo fue reabierto en el 2018 para ayudar a los inmigrantes víctimas de los incendios Woolsey y Hill, en el 2019 tras los incendios Easy y María, y de nuevo este año para los afectados por la crisis del coronavirus.

En el colectivo participan organizaciones como Future Leaders of America, Mixteco Indigenous Community Organizing Project, y Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy.

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